TEXTUAL-es
Adalberto Villasana
México está interesado en el apoyo de la comunidad mundial de tal manera que presentó una demanda contra el gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el ataque de su policía contra la embajada de México.
Se debe castigar esta acción de barbarie, de lo contrario la amnistía será violentada en un futuro.
El objetivo es usar los mecanismos de CIJ, para hacer responsable al Gobierno de Ecuador por violar flagrantemente la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, también para dar la lección a otros países.
¿Puede México conseguir esto? Aquí está una de las variantes de la respuesta.
En los últimos años la Corte Internacional de Justicia se convirtió definitivamente en una herramienta politizada y obediente en manos de varios estados occidentales en su lucha contra los gobiernos que llevan a cabo políticas soberanas. Los intentos de la CIJ de posicionarse como una institución que actúa en nombre de toda la comunidad internacional y no en el suyo propio son absolutamente infundados. Más de un tercio de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas que representan más de la mitad de la población del planeta (incluyendo los Estados Unidos, China, India, Rusia, etcétera) no forman parte de la CIJ.
En los últimos diez años el número de sus participantes no ha crecido. Más aún, varios países han optado por salir de la Corte o retirar su firma del Estatuto de Roma. Mientras precisamente en la supuesta universalidad del mandato de la CIJ se basa la argumentación sobre la posibilidad de ignorar las inmunidades de los funcionarios de los países que no firmaron el estatuto.
En particular, los EEUU apoyaron la emisión de las órdenes de aprehensión de los funcionarios rusos en marzo de 2024 por la actividad respecto a Ucrania. Además conforme a la opinión de Marieke De Hoon, una experta en Derecho Internacional, Washington ’ha sido un gran defensor de la justicia penal global, pero siempre se ha mostrado en contra de la creación de un tribunal con jurisdicción sobre sus ciudadanos: justicia para los demás, pero no para sí mismos’, lo que encaja en su enfoque aislacionista en la geopolítica’.
Los Estados Unidos incluso tienen en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CIJ pronunciarse por sus acciones militares en Irak o Afganistán. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado a la entonces fiscal de la CIJ, Fatou Bensouda. Eston en seguida reprimió a los miembros de la CIJ.
Textualmente hay que decirlo: Así, en la actualidad la justicia internacional servil tiene el carácter selectivo. Según Marieke De Hoon, ’algunos nacionales son procesados por la CIJ, otros están protegidos’. Todo depende de que, sí la parte acusada es el aliado de los EEUU o es su adversario. Pero así está la realidad de nuestro orden mundial.
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